18 DE NOVIEMBRE DE 2014
LOS LECTORES OPINAN
LA INJUSTICIA Y LA VIOLENCIA
Luis A. Traversi
Los criterios democráticos de la sociedad paraguaya, a pesar de avanzar lentamente, van exigiendo mayor transparencia y calidad en la función pública. A pesar de ello, se sigue con prácticas del poder que se burlan abiertamente de la ciudadanía y tiene como consecuencia la extrema violencia en una sociedad injusta.
Estas prácticas como el enriquecimiento ilícito de los administradores estatales, los parlamentarios narcos, la discriminación para ocupar cargos públicos, la ocupación y gobierno de los mediocres; los diputados o senadores, que no pueden ser dueños de medios de comunicación, pero ellos vociferan todos los días personalmente en las radios, por medio de testaferros violan todos los días la ley. En el departamento de Guairá conquistaron sus bancas por medio de sus radios exdiputados como Nery González, Gustavo Musi, o el actual senador Acevedo en Amambay.
El diputado Víctor Ríos tiene inhabilidades constitucionales para ocupar la banca, porque es rector de la Universidad de Nacional del Pilar. Lo inhabilita el art. 198 de la Constitución Nacional. Es administrador de un ente descentralizado autónomo y autárquico y está inhabilitado para ejercer ambas funciones al mismo tiempo, aun en el caso de renunciar a uno de los salarios, porque lo que se protege no es la doble remuneración, sino un principio fundamental del Estado de derecho, que es la división de los Poderes.
Además de la violación expresa de una norma constitucional, viola el principio del equilibrio de los Poderes del Estado. Ríos cumple funciones en dos Poderes: administrador de un ente descentralizado autárquico y autónomo, y, como legislador, debe aprobar su propio presupuesto de la Universidad Nacional de Pilar.
No solo son estos. Hay cientos de casos, como la violación fragrante de la ley por el ministro Morales, en el día de las elecciones pasadas, un desafío al Estado de derecho y a la ciudadanía. O el caso del ministro Ramírez, quien violó los derechos de autor para acrecentar su currículum y ocupar el cargo que ostenta.
Muchos casos de abuso de poder ejercidos por administradores que nombran parientes en cargos públicos, como los ministros de la Corte que tienen prohibiciones constitucionales para ocupar cargos en organismos oficiales o privados en cualquier tipo de asociación (art. 254 de la CN). Esta misma prohibición rige para todos los jueces, pero muchos son decanos o tienen cargos ejecutivos.
Los que estamos abajo, simples ciudadanos, qué motivación tendremos para cumplir la ley. Por eso existe tanta violencia; es rebeldía que subyace como protesta ante tanta arbitrariedad hacia los de arriba, que repercute en las calles contra humildes ciudadanos, sujetos de la rabia desatada por la impunidad y la injusticia
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