domingo, 30 de noviembre de 2014

MONOPOLIO DE LA IMPORTACIÓN DE NAFTA

LOS LECTORES OPINAN


Importación de naftas
Luis A. Traversi
La facultad estatal de regular las importaciones de carburantes, en especial de las naftas inferior a 91 octanos, es totalmente constitucional, no viola el principio de libre competencia, ni la exclusiva importación del combustible constituye monopolio, está plenamente justificado por el art. 72 de la Constitución Nacional.
Esta disposición constitucional faculta al Estado a regular la calidad de los productos químicos, que en este caso es la nafta, y para asegurar una calidad uniforme para todos los consumidores, solo una empresa estatal puede regular en forma eficiente el porcentaje de la mezcla permitida para el consumo.
El Estado, por el artículo 38 de la Constitución Nacional, está obligado a regular los productos que son de consumo masivo, como en este caso de la nafta.
(Artículo 38 de la Constitución Nacional): “Del derecho a la defensa de los intereses difusos. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”.
La facultad estatal de regular los productos químicos está muy bien expresada y clara en la Constitución Nacional, por lo que no todos los productos están sujetos al libre mercado.
Existen excepciones como el de la nafta, que está regulada por el Art. 8 de la Constitución. De la protección ambiental. “Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley”.
Asimismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas que califiquen de peligrosas. “Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos...”.
Existen suficientes argumentos jurídicos para regular la importación de las naftas y posterior mezcla a los efectos de asegurar al consumidor un producto de buena calidad, de esto no existen dudas, y de ninguna manera puede ser inconstitucional.-
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martes, 18 de noviembre de 2014

LA INJUSTICIA Y LA VIOLENCIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2014


LOS LECTORES OPINAN

LA INJUSTICIA Y LA VIOLENCIA
Luis A. Traversi
Los criterios democráticos de la sociedad paraguaya, a pesar de avanzar lentamente, van exigiendo mayor transparencia y calidad en la función pública. A pesar de ello, se sigue con prácticas del poder que se burlan abiertamente de la ciudadanía y tiene como consecuencia la extrema violencia en una sociedad injusta.
Estas prácticas como el enriquecimiento ilícito de los administradores estatales, los parlamentarios narcos, la discriminación para ocupar cargos públicos, la ocupación y gobierno de los mediocres; los diputados o senadores, que no pueden ser dueños de medios de comunicación, pero ellos vociferan todos los días personalmente en las radios, por medio de testaferros violan todos los días la ley. En el departamento de Guairá conquistaron sus bancas por medio de sus radios exdiputados como Nery González, Gustavo Musi, o el actual senador Acevedo en Amambay.
El diputado Víctor Ríos tiene inhabilidades constitucionales para ocupar la banca, porque es rector de la Universidad de Nacional del Pilar. Lo inhabilita el art. 198 de la Constitución Nacional. Es administrador de un ente descentralizado autónomo y autárquico y está inhabilitado para ejercer ambas funciones al mismo tiempo, aun en el caso de renunciar a uno de los salarios, porque lo que se protege no es la doble remuneración, sino un principio fundamental del Estado de derecho, que es la división de los Poderes.
Además de la violación expresa de una norma constitucional, viola el principio del equilibrio de los Poderes del Estado. Ríos cumple funciones en dos Poderes: administrador de un ente descentralizado autárquico y autónomo, y, como legislador, debe aprobar su propio presupuesto de la Universidad Nacional de Pilar.
No solo son estos. Hay cientos de casos, como la violación fragrante de la ley por el ministro Morales, en el día de las elecciones pasadas, un desafío al Estado de derecho y a la ciudadanía. O el caso del ministro Ramírez, quien violó los derechos de autor para acrecentar su currículum y ocupar el cargo que ostenta.
Muchos casos de abuso de poder ejercidos por administradores que nombran parientes en cargos públicos, como los ministros de la Corte que tienen prohibiciones constitucionales para ocupar cargos en organismos oficiales o privados en cualquier tipo de asociación (art. 254 de la CN). Esta misma prohibición rige para todos los jueces, pero muchos son decanos o tienen cargos ejecutivos.
Los que estamos abajo, simples ciudadanos, qué motivación tendremos para cumplir la ley. Por eso existe tanta violencia; es rebeldía que subyace como protesta ante tanta arbitrariedad hacia los de arriba, que repercute en las calles contra humildes ciudadanos, sujetos de la rabia desatada por la impunidad y la injusticia
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sábado, 20 de septiembre de 2014

20 DE SETIEMBRE DE 2014

 

LOS LECTORES OPINAN

/ ABC Color
Tren presupuestario
Cuando pasa el tren del presupuesto cada año, cada institución, sindicatos, gremios grupos, se lanzan con todo para entrar en esos vagones llenos de monedas fáciles. Causa un estruendo su paso, la disciplina cartista se desploma, y la anarquía presupuestaria está en marcha, cada uno trata de sacar ventajas, la Policía Nacional, a pesar de su inoperancia pide a gritos, el Ministerio de Defensa, no se olviden del Vice porque la conspiración está de moda.
Todos quieren dar más dinero del Estado, es la única forma de tener más cargos, la ineficacia va a seguir y la ineficiencia es predecible. Pero se olvidan de poner recursos a disposición de los que realmente producen en este país que es el sector privado, sobre todo las pequeñas empresas, los productores agrícolas, los microindustriales, que son los verdaderos héroes en esta historia.
Quieren solucionar el problema de empleo, la violencia en las calles, pues inviertan en los proyectos de la gente, de las mujeres, de los jóvenes, de las ciudades y del campo, verán resultados a corto plazo.
Pero con estos administradores y parlamentarios no existe la mínima posibilidad de hacer una estrategia de desarrollo que realmente pueda tener impacto en la economía del país, para incorporar en el bolsillo de los que trabajan fondos para financiar sus proyectos, aquí no estamos hablando de subsidios, sino de créditos por lo menos con intereses bajos, para dinamizar un sector que se está muriendo por la desvalorización de las monedas de los vecinos, que el Gobierno nacional no tiene ninguna política a corto plazo, ni a largo plazo para gestionar.
No estamos tomado en serio cosas pequeñas, pero importantes, como la integración, la productividad en general, la recuperación del suelo, la reconversión industrial, que nos puede sumir en una grave crisis, estamos ante un gran reto: debemos tomar en serio el Mercosur.
Uno de los elementos intangibles más importantes que necesitamos para desarrollarnos es la motivación y líderes para ello.
¿De qué sirven esos pomposos presupuestos que solo alimentan? Son una bolsa sin fondo, inviertan en los seres humanos que quieren trabajar, vivir dignamente, y paren tanta injusticia en este país.
Luis A. Traversi
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lunes, 10 de marzo de 2014

EL NUEVO RUMBO: LA CARCEL

0 DE MARZO DE 2014


LOS LECTORES OPINAN

/ ABC Color
El nuevo rumbo: la cárcel
En estos días, el ministro de Hacienda anunció que pedirá la exclusión de la etapa  administrativa y criminalizar directamente la evasión o no pago de los impuestos. Este anuncio si se concreta va tener serias repercusiones sobre los más vulnerables de la sociedad para el pago de los impuestos, profesionales, docentes, trabajadores independientes, microempresarios, que serán automáticamente procesados por la fiscalía como delincuentes comunes.
El ministro quiere excluir la prejudicialidad administrativa para forzar a los contribuyentes a pagar sus impuestos, en caso de no hacerlo llevar su cuerpo hasta la cárcel para redimir sus pecados impositivos. Esto no es otra cosa que sufrir pena de prisión por deudas, superadas ya en derecho romano.
Estos son los nuevos rumbos que nos ofrece esta administración, posiblemente viene detrás la persecución política por medio de esta arma en manos del Ejecutivo para doblegar a sus opositores.
Hoy nos ofrece la cárcel a los paraguayos como plataforma, la falta de decisión de cobrar los impuestos a los que más tienen o más ganan, ahora va a repercutir hacia los más pobres, deben ampliar la cárcel, por o menos 20 veces más que el de Tacumbú, porque aquí muchos paraguayos irán a parar en la cárcel, algunos, quizás por desidia, otros por no querer pagar realmente, pero la gran mayoría porque no pueden pagarla, padres de familia, que tienen tres o cuatro hijos estudiantes, que no les da el tiempo ni de pensar.
Las grandes empresas están protegidas por una gran estructura contable e ingeniería financiera, amortiguan y maquillan sus estados reales, pero la pequeña empresa, el ciudadano, el médico, las enfermeras, los empleados, los docentes, peluqueras, etc., que paulatinamente irán siendo alcanzados por el impuesto a la renta personal, serán víctimas permanentes.
Además, no existe una educación tributaria para imponer un modelo no acorde con nuestras modalidades.
Prepárense para recibir al nuevo rumbo en la cárcel.
Luis A. Traversi
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domingo, 8 de diciembre de 2013

IMPUESTO A LA SOJA

07 DE DICIEMBRE DE 2013

 

LOS LECTORES OPINAN

/ ABC Color

Indignarse
Los indignados amarillos cerraron filas detrás de la cortina de humo lanzada desde el Ejecutivo para ocultar su ineficiencia. Con eso no quiero defender a los 23 senadores. Pero quiero ver a los verdaderos indignados detrás de causas justas y que beneficien al pueblo, quiero verlos escrachar a los 12 senadores que apoyan al presidente Cartes para evitar el impuesto a la soja. Quiero también que escrachen a Horacio Cartes por priorizar a sus amigos empresarios que se niegan a compartir sus ganancias.
Están obligados ellos porque son los más beneficiados con la infraestructura, los que usan las rutas para sus grandes camiones, son los más beneficiados por la estructura de la Policía y las Fuerzas Armadas, porque tienen grandes intereses. Los sojeros son los beneficiarios de los grandes servicios financieros, portuarios, aduaneros, y sobre todo del precio del combustible.
¿Dónde están esos indignados? Están callados ¿Fueron contratados o son reales luchadores por la libertad y bienestar de los pueblos? Y los gbispos ¿no ven esa gran inequidad social? Aquí tenemos un rubro que debe ser destinado a la redistribución de lo ganado (acumulado) para mostrar, por lo menos, la intención de apoyar las causas que beneficien a la ciudadanía. Son setecientos millones de dólares que deben ser redistribuidos por medio de los gastos públicos.
Estas son causas reales y valederas por las que tenemos que luchar. Imagínense los beneficios adicionales para todos los departamentos: no menos de US$ 40.000.000 para cada uno. Eso significa más remedios para hospitales, más beneficios para mujeres, pobres, niños.
En un país donde los ricos son cada año más ricos y los pobres cada día más pobres, no hay ningún argumento que valga. El impuesto no va a afectar la producción ni los precios de los productos, no va causar inflación, solamente se le va a sacar una migaja de los ricos, nada más.
Quiero ver a los indignados por las calles, pero no vendrán. Pero ese pueblo que siempre está en la defensa de la patria, en guerras y revoluciones, ese campesino paraguayo, quizás muestre a los paraguayos su vocación de lucha.
Luis A. Traversi
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    domingo, 3 de noviembre de 2013

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    viernes, 13 de septiembre de 2013

    PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

    02 DE SETIEMBRE DE 2013


    LOS LECTORES OPINAN

    / ABC Color
    Responsabilidad fiscal
    Está en discusión un proyecto de ley muy importante para el ordenamiento de las finanzas públicas que es la responsabilidad fiscal, para posibilitar una buena gestión del poder administrador. Es tiempo de dejar de boicotear al gobierno de turno, el pueblo paraguayo ya no puede perder otro cinco años postergando sus ansias profundas de progreso y justicia social. No interesa quién lo hace: colorado o liberal, socialista u otra denominación.
    Los partidos tienen la obligación de llevar a cabo sus promesas electorales y la oposición tiene la obligación ética de apoyarlos. Las elecciones legitiman su propuesta, sobre todo con respecto al presupuesto general de la acción, en donde en realidad se hace visible el proyecto de gobierno.
    La idea de contexto la maneja el poder administrador, sobre todo en el tema económico presupuestario. El Congreso tiene un poder de contralor y de supervisión de la gestión administrativa, pero las herramientas, los técnicos, ni los intereses de generar un presupuesto coherente. El Congreso tiene visiones parciales conforme a su propia integración.
    En el tema presupuestario es necesario cierto orden y gerenciamiento técnico. Para eso necesitamos reglamentar la Constitución sobre la facultad que tiene el Congreso de modificar el proyecto presupuestario. Debemos adecuarnos a la realidad, los que manejan los datos técnicos sobre las posibilidades tributarias o de recursos es el Poder Ejecutivo. La inclusión en la ley de la necesidad vinculante del dictamen del Ministerio de Hacienda para poder aumentar los recursos presupuestarios es solo incorporar un poco de racionalidad y consenso.
    El manejo de la realidad económica y posibilidades reales lo tienen organismos del poder administrador, incluido el Banco Central. Si se quiere modificar las partidas de gasto público deben tenerse los recursos. Crear consenso entre ambos poderes es más legítimo. ¿De qué sirve aprobar un presupuesto que no es realista y no podrá llevarse a cabo?
    La limitación en cuanto al déficit fiscal y otras cuestiones no es necesaria ni conveniente. No se puede limitar la política económica que a veces trae necesidades coyunturales diversas, inclusive a veces el déficit es una política utilizada y declarar como mal desempeño de funciones los resultados macroeconómicos no es bueno para la estabilidad política ni económica.
    Luis A. Traversi

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